El Tribunal Supremo de España dictaminó que no basta con que un inmigrante se encuentre en situación ilegal en el país para ser deportado, sino que más bien la persona queda sujeta a una multa.
Si la falta de un inmigrante ilegal en España no es otra que la de estar ilegal en el país, sólo se le aplicará una multa. En caso de que haya agravantes anexos, se podrá la sanción de expulsión en los siguientes casos:
1.- Caducidad de documentos por más de tres meses, esto es la estancia, prórroga de ésta, permiso de residencia y otros documentos que acrediten la estadía legal de la persona en el país. Cuando la persona tiene sus documentos caducados pero ya ha postulado a extensión de los mismos dentro de los plazos legales, estas disposiciones no son pertinentes.
2.- Trabajar de manera remunerada sin haber obtenido la previa autorización en caso de que la persona tampoco tenga documentación que acredite su residencia autorizada por un órgano pertinente.
3.- Participación en actos de desorden público que estén previstas como faltas graves en la Ley Orgánica de la Seguridad Social 1/1992.
4.- Ocultar información o presentar información falsa respecto de cambios de nacionalidad, domicilio o estado civil.
5.- Que el extranjero haya cometido un delito doloso y haya sido condenado, ya sea dentro de España o fuera de él.
6.- Que la persona que haya cometido el delito antes descrito haya sido condenada en España o en otro país por un periodo mayor a un año de cárcel.
7.- Qué la persona condenada aún tenga vigente los antecedentes por el delito.
A cualquier persona que haya sido expulsada de España se le cancelarán todos los derechos de permanencia en el país, así como cualquier solicitud de permanencia o tipo de visado. Además, la persona no podrá volver entrar en territorio español por un periodo mínimo de tres años y uno máximo de 10 años.
Se recalca el hecho de que la sola permanencia ilegal en el país no es causal de expulsión del país y cualquier persona que se encuentre en esta situación puede concurrir a los abogados de extranjería para defender su caso.