Cuando un extranjero residente en España cuenta con una situación no regularizada, sin permiso o autorización aportada gracias a la Administración, el mismo puede ser expulsado del país si es que la policía o guardia civil cuenta con esa información acerca de la situación de la persona. La primera acción a la cual recurrirán para lograr ello es acercarlo a la comisaria para comenzar con el proceso denominado como orden de expulsión.
Cuando comienzan dichos trámites, se pueden experimentar dos caminos diferentes:
*Expulsar al extranjero afuera del denominado espacio Schenger por un lapso que abarca entre 3 y diez años.
*Realizarle una multa económica que oscila desde los 500 hasta los 10.000 euros.
Lo más recomendable tras que suceda este tipo de casos, es recurrir a un abogado especializado en extranjería. El mismo estudiará el caso particular e intentará encontrar las alegaciones necesarias para destrabar la situación y agilizar los trámites a la hora de legalizar las circunstancias.
Lo más recurrente es que el abogado decida optar por recurrir ala multa económica si es que el extranjero desea permanecer en el país, y la multa variará su valor si el extranjero no ha cometido delito alguno en su estancia. Pero, de ser muy alta, se puede recurrir a la otra opción que es alegar contra la expulsión por motivos de arraigo para con el país por el tiempo vivido en el o los vínculos familiares que tiene en España.
A veces, cuesta mucho menos dinero acudir a la multa económica que estar contratando un abogado y tener que realizar todo el proceso mediante el cual se alegará en contra de la orden de expulsión.
